El hambre de poder

El hambre de poder o el poder de perpetuar el hambre

Para dar una explicación coherente a la disfunción mercantil que afecta la provisión alimentaria en Venezuela, es necesario adentrarse en la historia del país. A comienzos del siglo XX, Venezuela era el productor más importante de café y cacao en Latinoamérica. La economía agraria era la primera fuente de ingresos en el mercado de divisas.

Después del descubrimiento de vastas reservas de crudo en 1920, el petróleo se apoderó de la producción interna bruta pasando de 2,5% en 1920 a 40% en 1930. Mientras que la agricultura –primeramente el café y el cacao– descendía los peldaños de la producción de 34% a 12.2% en tan sólo diez años.

En 1930, con la caída del precio del café (de Bs.124.8 a Bs. 41.5 el saco), la mayoría de los países latinoamericanos devaluaron sus monedas para ajustar su competitividad al mercado internacional. Venezuela, en cambio, precedió a la inversa. Debido a que el país estaba acumulando una considerable suma en monedas extranjeras provenientes de la renta petrolera, Venezuela autorizó la importación de todos los bienes de consumo en nombre de la presión política.

Entre 1929 y 1938, en plena crisis financiera internacional, Venezuela habría incrementado, contra todo pronóstico, en un 64% el valor de su moneda. La lógica detrás de esta medida era simple: mientras mas fuerte el bolívar, mas podrían consumir los venezolanos, y mas se enriquecerían los importadores nacionales.

Inundados de productos baratos provenientes del extranjero, las exportaciones agrícolas ya no podían competir con mercados internacionales, y ni si quiera acceder a los nacionales. Este momento es importante, pues definió el tipo de modelo económico que instauraría Venezuela de ahí en adelante.

Con la llegada de los fertilizantes, las tecnologías y las nuevas técnicas de cultivo eficientes se incrementaría la productividad, se reducirían los costes de producción y se aumentaría el valor añadido que estimularía la competitividad entre los productores. Pero Venezuela no fue capaz de integrar la modernidad agraria y muchos campesinos no tuvieron otra opción que abandonar los campos y aglomerarse en las ciudades, en vista de las desfavorables condiciones de producción.

En 2001, el gobierno comenzó a promover el desarrollo rural como receta para diversificar la economía, generar empleos y aliviar las ciudades sobrepobladas. Con la intención de seguir una línea mas “redistributiva” de producción Venezuela se sumó a la Vía Campesina en 2008 para transformar la agricultura “radicalmente”.

Palabras como “derechos”, “expropiación” y “redistribución” de tierras pronto corrieron a lo largo del discurso político. En nombre del “desarrollo endógeno” el gobierno pretendía revitalizar redes internas de producción, substituir las importaciones por la producción local e integrar a los sectores mas marginados de la sociedad.

En 2003, inspirado en los textos del marxista húngaro Istvan Mészáros, Chávez lanzó su sistema de cooperativas en un intento de cambiar la manera en que las comunidades producían y consumían bienes y servicios. Las nuevas condiciones de producción agrícola aseguraban la gratuita concesión de los títulos de tierra, la eliminación de pagos de rentas, la inyección de capital en forma de maquinaria extranjera, la inclusión en las redes de distribución estatales, la supervisión de proyectos por orientadores subvencionados, la extensión de créditos y ayudas de financiamiento y una inversión considerable en infraestructuras como vías, carreteras, sistemas de irrigación, etc.

La agricultura se convirtió entonces en el principal objetivo de la llamada “economía participativa”. Para el 2005, el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista FONDAS habría invertido mas de 850 millones de bolívares ($400.000.000) en la producción agrícola. Dada la inesperada proliferación de cooperativas agrarias, completamente desligadas de la propiedad del Estado, y las bajas tasas de producción, el gobierno instauró un nueva forma de supervisión: las empresas de producción social. Éstas, en cambio, serían una co-propiedad del Estado y de los trabajadores y su principales metas serían la de trascender la propiedad individual y la de responder a las “verdaderas” necesidades de la comunidad.

Para ello, el gobierno tendría que ejecutar primero una colosal intervención en la propiedad privada de todo aquél poseedor de más de 5.000 hectáreas de terrenos desocupados, improductivos, incultivables o de baja calidad. La justificación era obvia: el 75% de la población rural poseía solo un 6% de las tierras cultivables mientras que el 5% de los latifundistas ocupaban el 75% restante (MINCI 2007)[1].

Para el 2010, el Instituto Nacional de Tierras declaró con orgullo haber “recuperado” 7.5 millones de hectáreas de tierras cultivables (de un total de 27 millones) y haberlas redistribuido a mas de 100 familias y empresas de producción socialistas.

Bajo el slogan ¡Exprópiese! Chávez habría logrado hacerse con el 20% del territorio agrícola venezolano, sugiriendo que las invasiones serían una medida de presión para que los acaparadores liberaran la comida y los especuladores bajaran los precios, en la ya entrada crisis alimentaria.

Sin embargo, la suma de expropiaciones no llevó sino a un severo cese en la producción de alimentos a causa de un modelo de negocio ineficiente, la falta de inversión en infraestructuras, la incompetencia de los nuevos apoderados y la carencia de incentivos. En consecuencia, poco después del gran “rescate”, la comunidad agrícola se vio en la misma situación que antes: percibiendo ingresos inestables, incapaces de pagar los créditos, aislados de los mercados locales e impedidos de participar en la toma de decisiones respecto a precios, capacidad y distribución de la producción.

De esta manera, el gobierno no solo podía apropiarse de terrenos cultivables, limitar la obtención de tierra y controlar los precios de producción; sino también decidir qué se produciría en sus nuevos arados. Así fue como Chávez consintió la mayor expropiación jamás vista en Venezuela a la multinacional inglesa British Vestey Group, criadora de ganado en Cojedes desde 1920, con el objetivo último de cultivar el sorgo. Solo que las tierras demostraron ser demasiado húmedas y poco aptas para la cosecha. El resultado es un juicio internacional de 100 millones de dólares contra el gobierno venezolano por el traspaso ilegal de tierras y un vasto terreno improductivo. Con ello, Chávez arremetió contra los derechos de propiedad privada de los terratenientes y, además, contra los derechos de producción y distribución de los agricultores.

En un principio, Chávez insistía en retribuir las tierras en la moneda local o en bonos auspiciados por el Estado, suscitando poco interés entre los antiguos propietarios preocupados por ser remunerados en una moneda tan devaluada. Posteriormente, circularon declaraciones de que el gobierno no estaba obligado a pagar las inversiones hechas en las propiedades expropiadas. Pronto los oficialistas empezaron a cuestionar la legalidad integral de las tierras argumentando que éstas ahora pertenecían al Estado y que, por tanto, no serían remuneradas por considerárseles ilegalmente adquiridas en primer lugar.

Las compensaciones de tierras en Venezuela entraron en un limbo legal incluso antes de que la ley de expropiaciones se estableciera por decreto, a pesar de los esfuerzos de la Corte Suprema en coartarla. El hambre crónico es el resultado del “éxito” de los programas socialistas de alimentación, que funcionan como catalizador de la degradación social y la salud financiera de un país que sufre por el insaciable hambre de poder de sus gobernantes.

Texto: Andreina Montes Aveledo @AndreinaAveledo